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Publicado: Martes, 12 Septiembre 2023 18:43
La ONG aseguró que la isla entró en la guerra de “forma clandestina” y brindó detalles sobre los mercenarios que manda a combatir: “Están captando potenciales ‘gusanos’ y ‘desertores’”. Además, actualizó la cifra de presos políticos en el país

Prisoners Defenders denunció el envío de cientos de soldados cubanos a la invasión rusa a Ucrania y cifró el número de presos políticos en la isla en 1.045. En su más reciente informe, la ONG consignó el ingreso a prisión de 12 personas por razones políticas en agosto.
“Cuba entró en la guerra de Ucrania de forma clandestina”
“Es una obviedad que el régimen de Cuba ha apoyado la guerra de Ucrania. Sus medios de prensa y agencias latinoamericanas de prensa, como Prensa Latina (propiedad del Estado de Cuba), copiaban y difundían en toda Latinoamérica la narrativa del régimen ruso, apoyando a medios como RT y Sputnik y su narrativa, creando una narrativa repugnantemente antieuropea en los públicos de Latinoamérica”, subrayó la organización.
Luego indicó que mientras el dictador Miguel Díaz Canel viajaba a Rusia en 2022, se estaban “captando chicos para ir a la guerra, a decenas. El Gobierno de Cuba no hizo nada, no reaccionó en modo alguno. Y pasaron meses, y las decenas se hicieron cientos”.
“Y fueron saliendo a la luz evidencias más explícitas. Una investigación posterior del blogger cubano Alain Paparazzi, en colaboración con el medio America TeVe, un canal de televisión informativo de La Florida, ha mostrado desde principios de agosto los testimonios de muchos soldados cubanos que están en Ucrania y Rusia, algunos en el frente y otros preparados para entrar en combate. La investigación consiguió más y más pruebas hasta el punto de hacer evidente la involucración del régimen de Cuba. A principios de septiembre, investigadores ucranianos, tras un trabajo de semanas, hacían públicos los pasaportes de 199 cubanos que están ya en el frente”, completó Prisoners Defenders.

Todos ellos tienen en común el siguiente patrón:
1- La gran mayoría ha llegado en los aviones rusos de una nueva ruta directa entre La Habana (Varadero) y Moscú creada por el régimen cubano y el régimen ruso justamente en julio de 2023, mientras todas las demás aerolíneas que operan en Cuba han desmantelado varias de sus rutas porque no hay turistas para llenar los aviones.
2- Todos fueron reclutados por personal cubano y personal ruso en plena colaboración. De la parte cubana, tal y como desveló Infobae, la responsable de todo fue la coronel del ejército cubano Mónica Milián Gómez, la actual agregada militar en Moscú e hija del fallecido general de división Roberto Milián Vega, que combatió en la revolución junto a Raúl Castro.
3- El Gobierno les facilitaba el pasaporte. A un porcentaje alto de los reclutados se les daba facilidades y vías para recoger el pasaporte días antes de viajar a Rusia, en La Habana.
4- El perfil de los enviados por esta vía es un perfil de aquellos que quisieran residir fuera de Cuba. La red de captación les promete la residencia permanente en Rusia, por lo que están captando potenciales “gusanos” y “desertores” de los que el Gobierno de Cuba desde el 11 de julio de 2021 se quiere deshacer para mantener el control social interno. Es decir, al Gobierno de Cuba no le importará su muerte lo más mínimo y, de hecho, ya les ha tildado de “mercenarios”.
5- Las autoridades de migración en Cuba, una vez que confirman que el viajero se dirige a Rusia como mercenario del ejército ruso, se niegan a sellarles el pasaporte de salida para que no quede constancia de la fecha de salida, como sí hacen, sin embargo, con el 100% de los ciudadanos cubanos que viajan al exterior.
6- Varios de ellos, como Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, ambos de 19 años y presos por el ejército ruso por negarse a luchar, han denunciado que les dijeron que irían destinados a tareas de construcción para el ejército ruso. Sin embargo, los cubanos están siendo enviados a la primera línea del frente.
7- Al menos 20 de ellos entraron a través de Bielorrusia, precisamente el país al que Cuba reconoce haber enviado tropas cubanas.

Aviones llenos de cubanos alistados para la guerra
Prisoners Defenders explicó que el régimen de Cuba ha llenado los aviones de Aeroflot de una nueva ruta creada por ambos gobiernos desde julio, con cientos de cubanos, entre 500 y 1000, que están en Ucrania y Rusia alistados para la guerra.
“A pesar de las abrumadoras acusaciones desde junio hasta septiembre nadie reaccionó. Ahora, ante las evidencias a principios de septiembre, el día 8 de este mes el régimen de Cuba emitía una nota en la que reconocía la existencia de la red pero que es una ‘red de tráfico de personas’ rusa, no cubana. Diplomáticos de varios países reconocen a Prisoners Defenders que las evidencias de la implicación de Cuba son muy fuertes y que el comunicado de Cuba sólo ha ratificado los hechos y multiplicado las implicaciones de sus acciones”, destacó la ONG.
Y siguió: “El ejército cubano, como es bien sabido, es uno de los pocos en el mundo que no necesita recibir formación alguna de las tropas de Alexandr Lukashenko, salvo si la formación tiene como fin entrar en combate usando el armamento moderno suministrado por Rusia en la actual guerra de Ucrania y enmascarar una vía de entrada para la participación en la guerra de efectivos cubanos altamente entrenados”.
“Es impensable, en esa situación de miseria -y sin necesidad de formación- en la que sólo se sobrevive gracias al aporte de tu mayor ‘enemigo’ (EEUU), realizar una inversión enorme en formación militar en Bielorrusia si esa instrucción no está destinada a la guerra de Ucrania directamente, y sólo es asumible por Cuba si Rusia la subvenciona. Este contingente altamente especializado de militares cubanos en Bielorrusia, a diferencia del anterior contingente, se puede considerar que tiene el fin de ser ‘alquilado’ a Rusia por el gobierno de Cuba, como alquilan los médicos y profesores a otros países quedándose el 90% de los salarios, y no tardaremos en tener evidencias concretas también de esta otra forma de participación del régimen cubano en la guerra de Ucrania”, manifestó la organización.

“En paralelo, las familias de civiles convertidas en mártires por la libertad”
En el apartado dedicado a los presos políticos en la isla, la ONG denunció que, en agosto, otros 12 convictos de conciencia engrosaron la lista de personas privadas de su libertad por razones políticas.
Y publicó el caso ocurrido el 7 de agosto, cuando la niña de 3 años Leadi Kataleya Naranjo Rillos, hija del preso político Idael Naranjo Pérez, fue citada junto con su abuela por la Seguridad del Estado, con la amenaza de que si no se presentaba podría ser acusada de desobediencia, como su abuela.
“Tan sólo para que constatemos que no es un caso aislado, si no frecuente, la hija de Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta, Katherin Acosta Peña, con 7 años de edad, fue interrogada por la Seguridad del Estado de Cuba sin la presencia de sus padres hace sólo unos meses. La Seguridad del Estado acusó a los padres de ‘otros actos contra el normal desarrollo del menor’, lo que era suficiente en el actual Código de Familia para eliminar su patria potestad y, tras años de persecución y amenazas, Marisol y José Luis, opositores desde hace décadas y que han sufrido mucho su abnegada labor prodemocrática, han tenido que huir a México”, detalló el informe.
El reporte sostuvo que estas distopías con las amenazas involucrando a niños muy pequeños, que se han generalizado en el último año y medio, responden a que el nuevo Código de Familia aprobado en Cuba en 2022 permite, sin tutela judicial alguna, arrebatar la patria potestad a los padres sólo mediante una acusación de “conductas observadas”, sin proceso penal siquiera.

Presos políticos verificados en Cuba en agosto
La ONG publicó que, con cierre de datos al 31 de agosto de 2023, la lista contiene un total de 1.045 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, “en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. Sólo en los últimos 6 meses hemos confirmado y añadido a nuestra lista 91 nuevos prisioneros políticos, 15 nuevos cada mes”, detalló.
Y continuó: “Han entrado este mes de agosto en nuestra lista 12 nuevos presos políticos. Y han sido 14 los prisioneros políticos que han salido este mes tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta”.
De los 1.045 prisioneros políticos:
- Con la incorporación de la detención el 12 de agosto pasado del niño Ramón David Aroche, de 14 años de edad, actualmente los menores que siguen estando en la lista de prisioneros políticos son 32 niños y 4 niñas, en total 36 menores, los que aún cumplen sentencia (31 de ellos) o están siendo procesados penalmente (5 de ellos). En un informe a Naciones Unidas, el régimen recientemente reconoció la veracidad de estas cifras.
- 18 de los menores mencionados están siendo procesados o han sido ya condenados por “sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del 11J (las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021), los adultos en prisión política.
- De nuestra lista actual, 212 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
- La cifra de mujeres prisioneras actualmente es de 115 (incluyendo varias de género trans), las que siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia.
- Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual.
Fuente: infobae.com
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Publicado: Jueves, 31 Agosto 2023 18:29
El llamado "Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia" está orientado a colaborar con las investigaciones de más de 1100 detenidos y desaparecidos durante la dictadura de Pinochet.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó este miércoles un decreto que oficializa un plan nacional de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet, a pocos días de cumplirse 50 años desde su comienzo.
“Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad”, afirmó el mandatario durante una emotiva ceremonia en Plaza Constitución, al norte del Palacio de la Moneda. "La democracia es memoria y es futuro, y no puede ser la una sin la otra", indicó.
"Nos hacemos cargo como Estado, no solo como Gobierno, de mover todas las barreras para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada", subrayó Boric para dar cuenta que se trata de una iniciativa que debe mantenerse e implementarse permanentemente, gobierne quien gobierne. “El Estado falló en dar respuesta a las familias, y a la sociedad entera, en entregar las respuestas que el país necesita, los desaparecidos nos faltan a todos”, agregó delante de los políticos, activistas de los derechos humanos y familiares de las víctimas de la tiranía presentes.
El plan
El llamado "Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia" está orientado a colaborar con las investigaciones de más de 1100 detenidos y desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, identificando el contexto de cada caso. En concreto, tiene tres objetivos: "esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada", comunicó la presidencia en su página web.
La elaboración de la iniciativa comenzó en 2022, durante el primer año de Gobierno del presidente Boric y contó con un componente participativo inicial, ya que a modo de preparativos "se llevaron a cabo 67 encuentros en todo el país con la participación de 775 personas, además de 4 mil asistentes a seminarios y reuniones con autoridades". También aportaron diversas agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y más actores relevantes.
Si bien el gobierno reconoce que se deben realizar más esfuerzos "para contar con el registro más preciso posible de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión", aseguró que diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de distintas instancias como las comisiones generadas por el Estado, "establecieron que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990". Y agregó que se llegó a estimar sin certeza que la cantidad de víctimas de desaparición forzada fueron 1.469 personas, de las cuales 1.092 corresponden a personas detenidas y desaparecidas, y que las personas ejecutadas por causas políticas sin entrega de cuerpos fueron 377.
"Reparar a las víctimas"
Otro de los funcionarios que tomó la palabra durante el acto fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que "el Estado con sus funcionarios cometieron esos crímenes y es el Estado, con sus recursos, el que tiene que realizar la búsqueda”. A su vez, dijo que entre los miembros y exintegrantes de las Fuerzas Armadas “es evidente que hay personas que tienen información sobre el destino de los desaparecidos". “Es una manera no sólo de reparar a las víctimas sino también de abordar la reparación de una cicatriz colectiva”, sintetizó Cordero, emocionado. Dos de sus tíos abuelos figuran entre las decenas de campesinos apresados y ejecutados un mes después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
"Nunca se dio una explicación o se tuvo un acto de deferencia desde el Estado chileno con las esposas, hijos e hijas, madres y padres, nietos y nietas de los desaparecidos, mientras sus familiares buscábamos desesperadamente", expresó en su discurso la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera. La dirigente destacó además la "voluntad política" del presidente chileno e insistió en el seguimiento que desde las agrupaciones de familiares harán a la ejecución del plan nacional.
La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, manifestó que "nos sumamos a reconocer la falta de haber dejado el horror expresarse, con insuficiente intervención, por tanto tiempo". Y añadió: "A 50 años del golpe de Estado, aún hay miles de compatriotas que desconocen el destino de sus seres queridos y desde el retorno a la democracia no se desarrollaron políticas públicas sostenidas en el tiempo, orientadas a conocer la verdad sobre el destino de quienes fueron hechos desaparecer en dictadura".
La firma del decreto por parte de Boric coincidió con la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por la ONU en 2010. Con este hito, el gobierno inauguró una serie de actividades de memoria oficiales en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de Pinochet, que no solo tuvo el apoyo de la derecha, sino también el sector empresarial y el gobierno de Estados Unidos para poner fin a la gestión socialista del entonces presidente Salvador Allende.
Fuente: pagina12.com.ar