Miércoles 11 de Septiembre de 2024 - 18:04:38

Estafas con los seguros: denunciaron a Alberto Fernández por malversación de fondos públicos

La abogada Silvina Martínez lo acusa junto al ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano.
El caso le tocó al juez Julián Ercolini.

Alberto Fernández saluda a su sucesor, Javier Milei, luego de haberle entregado los atributos del poder, el 10 de diciembre pasado. Foto EFE.

El volcán informativo que estalló luego de la revelación de Clarín respecto a los oscuros negociados en la Anses con la contratación de seguros para los jubilados que tomaban créditos y las millonarias comisiones que se pagaron a intermediarios cercanos al poder ya derramó sus consecuencias hasta el hombre más importante de ese supuesto esquema delictivo: el expresidente Alberto Fernández.

La abogada Silvina Martínez lo denunció este martes por malversación de caudales públicos, junto a al exfuncionario -y hombre de íntima confianza de Fernández- Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros. También los acusa de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

El caso cayó en manos del juez Julián Ercolini, subrogante en el juzgado federal 11 y quien lo derivará al Ministerio Público Fiscal para que evalúe si impulsa o no una investigación penal.

"A fines de 2021, el entonces Presidente Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros que, a su vez, contrataba a un broker y a empresas privadas", comienza la denuncia.

"La trama de contrataciones opacas con el rubro seguro -actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política- fue revelada en una columna del editor general Adjunto de Clarín, Ricardo Roa, quien contó que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios", sigue relatando la abogada.

Martínez pide que la justicia investigue el rol de los brokers financieros Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa, quien está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.

La denuncia también consigna la noticia de que el esquema sospechado se replicó en el Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernandez, revelada por Clarín este martes.

"En los convenios que firmaban el Ministerio con Nación Seguros había una clausula que permitía el negociado: 'La contratación del seguro objeto del presente Convenio se hará entre el Ministerio y Nación Seguros –Casa Central, Gerencia de Ventas Canal Organismos Públicos- admitiéndose que el Ministerio pueda generar una designación de un intermediario en caso de considerarlo conveniente para sus intereses'”, subraya Martínez.

La presentación judicial recuerda que durante todo el gobierno de Fernández Nación Seguros estuvo a cargo el abogado Alberto Pagliano, "un amigo de la juventud que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en ese rubro pero del lado del Estado".

 

Más organismos bajo la lupa
El escándalo con los seguros y su contratación a través de intermediarios sigue sumando datos y terminales. Según consignó este miércoles el diario La Nación en base a documentos reservados, Gendarmería, el Servicio Penitenciario Federal, la Cancillería, la Casa de Moneda, y la Superintendencia de Servicios de Salud, entre otras dependencias, también pidieron contratar a Martínez Sosa. Para hacerlo, lo pedían por carta a Nación Seguros.

El contrato con Gendarmería costaba hasta 900 millones de pesos por mes. En la Casa de Moneda -que contrató directamente a la sociedad de Martínez Sosa- la carta fue firmada por el presidente Ángel Mario Elettore, el 21 de marzo de 2023. Un año antes, en marzo de 2022, la Superintendencia de Servicios de Salud había hecho lo mismo a través del superintendente, Alejandro López.

La Cancillería dirigida por Felipe Solá, también designó a Emanuel Calvo, otro productor socio de Martínez Sosa. El mismo mecanismo ocurrió en otras áreas dependientes del ministerio de Economia con otro productor, Pablo Torres García, cercano a Sergio Massa.

Fuente: clarin.com

Un juez federal falló a favor del gobierno de Chubut y ordenó suspender el recorte de fondos

El magistrado Hugo Ricardo Sastre de Rawson hizo lugar a una medida promovida por el gobernador Ignacio Torres y dispuso que cese la retención de la coparticipación ordenada por la Casa Rosada. Además, exhortó a las partes que se sienten a negociar la refinanciación de la deuda que la provincia mantiene con la Nación

Un juez federal falló a favor de Chubut y ordenó suspender el recorte de  fondos | Análisis

El juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre falló hoy a favor del gobierno de Chubut en la controversia suscitada a partir de la retención de fondos coparticipables dispuesta por el gobierno nacional. “Nos encontramos ante una injusta e intransigente posición por parte de la demandada, sumado a una inexistente política de absorción de consecuencias por parte del Estado Nacional respecto de la Provincia del Chubut llevada a cabo por el descuento automático de fondo coparticipables”, señaló el magistrado sobre el gobierno de Javier Milei.
Así, en una resolución a la que accedió Infobae, el magistrado ordenó hacer lugar a la medida autosatisfactiva promovida por la provincia y disponer el cese de la retención que realizó el Poder Ejecutivo en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Además, Sastre exhortó a los gobiernos de Chubut y de la Nación a que arbitren los medios necesarios para cancelar o refinanciar la deuda que el Estado provincial mantiene con la Casa Rosada, siempre y cuando no importen el compromiso de servicios esenciales para los chubutenses. El magistrado no aceptó el pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de que el estado nacional le devuelva los más de 13 mil millones de pesos retenidos la semana pasada.

Para entender la raíz del conflicto hay que retrotraerse a la semana pasada, cuando el gobierno nacional ejecutó una garantía para cobrar una deuda de Chubut y dispuso un recorte en la transferencia habitual de los fondos coparticipables que le corresponden.
Aliado a otros gobernadores, el mandatario local amenazó con cortar la provisión de petróleo y gas si Milei no suspendía su decisión. A la par, activó una ofensiva en los tribunales que derivó en la sentencia conocida hoy.

El gobierno de Chubut presentó ayer una medida autosatisfactiva contra la decisión del gobierno nacional. “En lugar de brindar cooperación y asistencia a una Provincia en emergencia que persigue nada más ni nada menos que brindar los servicios de educación, salud y seguridad más elementales para el pueblo chubutense, el Estado nacional no sólo se desentiende, sino que implementa medidas de ahogo financiero que sólo tienen por finalidad la profundización de la crisis provincial”, sostuvo Torres en la presentación judicial.

La Justicia falló a favor de Chubut: ordena al gobierno devolver la  coparticipación

El juez Sastre aceptó el planteo en una resolución de 19 páginas. El magistrado recordó la historia del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial de la coparticipación y recordó que se trata de una herramienta para ayudar a las provincias en el saneamiento de sus finanzas y que a lo largo del tiempo el estado nacional -durante otros gobiernos- fue refinanciando las deudas.

Sastre también resaltó que Chubut buscó con el gobierno de Milei un proceso nuevo para el pago de la deuda. “Encuentro que el obrar de la demandada resulta irracional, así como contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa”, sostuvo el juez.

Y agregó que la decisión del gobierno de Milei que no enviar los fondos “no se condice con su accionar en años anteriores, en los que la situación financiera y de necesidad de saneamiento de las cuentas públicas de la accionante resultaba idéntica a la actual” y que “dicho accionar, conduce al agravamiento de la situación especial por la que atraviesa la Provincia del Chubut”.
Esta es la segunda resolución de Sastre a favor de Chubut por conflictos de quita de subsidios. La primera fue por la eliminación del Fondo Compensar del Interior para subsidiar el transporte público. La causa también estuvo a cargo del juez Sastre que la semana pasada aceptó el pedido del gobierno provincial.

El magistrado ordenó que el Estado nacional “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut”.

Fuente: infobae.com

Manuel Adorni anunció la eliminación de fondos fiduciarios por US$2 mil millones

El vocero presidencial informó la medida que implica "medio punto del PBI".

Manuel Adorni anunció la eliminación de fondos fiduciarios por US$2 mil millones

El Gobierno nacional anunció la eliminación de fondos fiduciarios por US$ 2.000 millones y enmarcó la decisión en la convicción de avanzar "contra todas las cajas de la política".

El anuncio fue realizado por el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno e, inmediatamente, fue confirmado por el propio presidente Javier Milei en una entrevista radial.
Qué dijo Milei sobre la eliminación de los fondos fiduciarios
"Vamos a avanzar en eso y vamos a ir contra todas las cajas de la política", dijo Milei cuando se lo consultó sobre la decisión anunciada instantes antes por Adorni.

En su habitual conferencia de prensa, el portavoz dijo que el presidente Milei había decidido "eliminar determinados fondos fiduciarios" por entender que "carecen de transparencia" y representan un gasto "en torno a los US$ 2.000 millones" anuales, lo que significa -aseguró- "medio punto del Producto Bruto Interno".

Adorni señaló que esos fondos "son parte de lo que denominado 'cajas de la política'" y consideró "llamativo" que "la política no esté de acuerdo en transparentar fondos millonarios que nadie sabe bien cómo utilizan la plata".

En tanto, en la entrevista radial Milei sostuvo: "Vamos a ir a fondo y no vamos a bajar los brazos porque gobernamos de cara a la gente y eso la política no la ve".

Fuente: minutouno.com

El Gobierno dispuso un aumento de las jubilaciones en un 27,18% a partir de marzo: la resolución la firma el extitular de ANSES echado por redes

El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial con la firma de, Osvaldo Giordano, exjefe de ANSES despedido por Milei.
La jubilación bruta mínima pasará de 105.713 a 134.446 pesos.

El Gobierno dispuso un aumento de las jubilaciones en un 27,18% a partir de marzo: la resolución la firma el extitular de ANSES echado por redes

El Gobierno nacional actualizó este miércoles el valor de las jubilaciones un 27,18% a partir del mes de marzo, según la Resolución 38/2024 publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Anses, Osvaldo Giordano, despedido de su cargo semanas atrás tras el fracaso de la ley Ómnibus.

La resolución está fechada el 17 de febrero y fija que "el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de marzo de 2024, es de 27,18%". El incremento también alcanza a las pensiones y demás prestaciones sociales.

Pero la norma no menciona el otorgamiento de un refuerzo o bono, que se estima será aprobado mediante otra resolución. Es que el ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado este lunes que la movilidad rondaría el 30% y que se iba a seguir pagando un bono, sin precisar ni el valor ni alcance. Finalmente, el monto terminó siendo más bajo que el anunciado por el funcionario.

Con el 27,18%, el haber bruto mínimo pasará de $105.713 a $134.446 y el haber bruto máximo, de $711.346 a $904.690.

Este aumento abarca marzo, abril y mayo y es muy inferior a la inflación esperada para estos primeros tres meses del año, que podría rondar el 65/70%. Representaría una pérdida de entre el 23 % y el 25%, adicional a la que tuvieron las jubilaciones durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Esa pérdida se acrecentaría en abril y mayo porque los haberes se mantendrían sin cambios y la inflación seguirá en niveles altos en esos dos meses. Además, hay que consignar que el Gobierno eliminó el reintegro del IVA por las compras con tarjeta de débito con un tope de hasta $ 18.800 mensuales.

El cálculo final de la pérdida jubilatoria de marzo dependerá del valor del bono y de su alcance. En diciembre, enero y febrero ese bono fue de $ 55.000 limitado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. Se desconoce si el valor de ese bono también recibirá el aumento del 27,18% o más y el alcance que tendrá.

"La fórmula de los jubilados hay que cambiarla, si seguimos con el juego político de querer seguir haciendo uso de la jubilación y demás con la Ley, más se demora esto. Mientras tanto, vamos a darles un bono y protegerles la capacidad de compra", había dicho Caputo el lunes.

Hasta ahora, los bonos -que se fijaron en forma discrecional- no se integraron al haber, por lo que no se consideraron para los sucesivos aumentos ni para el pago del aguinaldo. A la vez produjeron un fuerte achatamiento de la pirámide previsional porque los jubilados y pensionados que no recibieron bonos tuvieron una pérdida mayor que el resto que percibió bonos.

Cuánto aumentarán la AUH y asignaciones familiares
La movilidad previsional comprende también a los padres y madres que perciben la AUH y Asignaciones Familiares que cobran los trabajadores formales y monotributistas con hijos menores

Está en duda cómo se aplicará sobre el valor de la AUH porque en enero el Gobierno elevó su monto a $ 41.322. No está en claro si el 28,17% se aplicará sobre ese valor o quedará absorbido por el incremento de enero.

En el caos de la AUH el 80% se paga mensualmente (33.057 pesos) y el 20% restante (8.264 pesos) cuando se acreditan los controles de salud, vacunación y educación mediante la presentación de la Libreta una vez al año.

La AUH se paga a los padres y madres desocupados, con ocupaciones no registradas, trabajadores de Casas Particulares y Monotributistas Sociales.

El último acto oficial de Osvaldo Giordano
La resolución con la suba de las jubilaciones lleva la firma de Giordano, funcionario cordobés que fue echado del Gobierno el 9 de febrero pasado tras la caída de la Ley Ómnibus en Diputados, cuando el presidente Milei ordenó desde su gira por Israel retirar el proyecto tras votaciones adversas en el articulado cuando se debatía en particular la medida.

El despido de Giordano respondió al voto negativo de su pareja, la diputada cordobesa Alejandra Torres al proyecto en particular.

“La crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado. Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos, y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”, afirmó el Gobierno a través de la cuenta de X Oficina del Presidente al comunicar la salida de Giordano de ANSES.

De todas formas, 12 días después de eso, se publica la resolución aumentando jubilaciones con la firma de Giordano, quien hace casi dos semanas dejó el cargo y a quien todavía el Gobierno no reemplazó. Suena para ocupar ese lugar el técnico Mariano de los Heros.

“¿La mujer de Giordano no votó en contra de la ley?”, dijo Milei al defender el despido del cordobés. “Está durmiendo con el enemigo, está durmiendo con un traidor, es la vida”, argumentó el jefe de Estado, en ese mismo movimiento de Gabinete echó a Flavia Royón, de la secretaria de Minería, luego del voto negativo de diputados de Córdoba y Salta contra la Ley Bases.

Fuente: clarin.com

El gobierno ahora busca su revancha contra la CGT

El Ejecutivo no le perdona a la central obrera el rechazo al DNU. El desfinanciamiento de las obras sociales complica a los sindicatos, pero sobre todo a los millones de afiliados.

 (Fuente: Télam)

Javier Milei gobierna bajo el concepto amigo-enemigo. El que votó a favor del fracasado proyecto de Ley ómnibus es aceptado por el Presidente y se encamina a ascender a la condición de amigo. Los que votaron en contra son anotados sin contemplaciones en la lista de los enemigos y para ellos no hay ni el flaco perdón de dios. Así operó el Presidente contra los gobernadores al quitarle los subsidios para el transporte público. Ahora la emprende contra los sindicatos que fueron los que hicieron la multitudinaria movilización contra el DNU el 24 de enero pasado. La intención es tocar un nervio sensible para los gremios de la CGT, los recursos de las obras sociales. Una medida que afectará directamente a los millones de afiliados que verán perder cobertura en el servicio de salud. Ante esto, el gobierno cree que mejorará su situación para negociar con la central obrera. Por ahora, la CGT medita la reacción.
La versión oficial es que la conducción de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) elaborará un informe de todos los fondos que se le remiten a las obras sociales en forma de subsidios. "Hay que analizar su funcionamiento", dicen en la Casa Rosada y agregan que lo que se pretende es limpiar el sistema de intermediarios. Se trata de un argumento similar al que aplica la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al pisar los fondos para los comedores comunitarios que tienen las organizaciones sociales y que el gobierno pretende anular. El punto es que al no otorgarle los fondos que les corresponde, los principales perjudicados son los que van a buscar un plato de comida en esos comedores.

La maniobra en el caso de las obras sociales es similar y ataca a los gremios que —dicho sea de paso— fueron protagonistas del paro del 24E, donde también participaron las organizaciones sociales.

Según trascendió, la tarea que tienen los funcionarios de la Superintendencia es entregarles a las obras sociales el costo del servicio para los afiliados discapacitados que era cubierto por el Fondo Solidario de Redistribución. Si las obras sociales deben hacerse cargo de esta cobertura el desfinanciamiento será la única consecuencia porque este fondo además tenía como destino el reembolso de los tratamientos médicos y remedios más costosos. Por lo general son patologías poco comunes que se controlan con medicamentos que se compran en el extranjero a precio dólar. Este es un viejo reclamo de la CGT que había creído resolver si triunfaba el entonces candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Ahora esperan —sin mucha esperanza— que el gobierno libertario les de los 138 mil millones de pesos que contemplaba el Presupuesto 2023 para este tipo de situaciones y que Milei prorrogó.

La CGT buscó una reunión con las autoridades de la SSS para resolver este inconveniente que está generando la decisión del gobierno, pero no obtuvo respuesta.

La decisión de la Rosada incluye la eliminación de subsidios automáticos que se usan para compensar aportes a las obras sociales que hacen monotributistas, jubilados y trabajadores de bajos salarios.

La central obrera ahora debe resolver qué hará frente a la ausencia de comunicación con los funcionarios de gobierno. En la Rosada están convencidos de que el tener el pie sobre estos fondos los fortalece a la hora de sentarse a negociar con los gremialistas. Tal vez en el encuentro en el Consejo del Salario, previsto para este jueves, se pueda ver un adelanto de esta correlación de fuerzas.

El Salario Mínimo
Las organizaciones que participan del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil (Csmvm) se volverán a ver este jueves. El encuentro debe servir para fijar un nuevo piso salarial. Nada hace prever que será una reunión fácil. Por caso, la CGT pide un aumento del 85 por ciento y la CTA Autónoma reclama un ajuste mensual. Durante el encuentro, que se realizará en la sede central de lo que ahora es la Secretaría de Trabajo, se realizará una protesta de los movimientos sociales que exigen un incremento de los montos para los comedores comunitarios.

"La convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil es un ámbito de diálogo a los fines de recuperar en algo el poder adquisitivo de los sectores más empobrecidos", expresó la central obrera en su cuenta oficial de la plataforma X. De todas formas es poco probable que se alcance un acuerdo sobre todo por el pedido de incremento del 85 por ciento que pide la CGT. La CTA-A está en la misma línea y advirtió que el salario mínimo de enero último fue de 156.000 pesos, mientras que la canasta básica para un trabajador sin carga de familia fue de 491.367, y la canasta básica de indigencia en el mismo período estuvo en el monto de 285.561 pesos.

Fuente: pagina12.com.ar