La Comisión Europea cree que se necesitan nuevas reglas para que las ONGs dejen de rescatar náufragos en el Mediterráneo.
El Derecho Internacional Marítimo (la “ley del mar”) obliga a cualquier navío a rescatar a cualquier náufrago o persona en peligro en el mar porque su embarcación no es segura y permite a ese buque desembarcarla en el puerto seguro más próximo.
Si un buque mercante rescata a unos pescadores en el mar, los lleva a puerto. Si el buque de una ONG rescata a migrantes en una balsa, tiene el mismo derecho de llevarlos a puerto. Al puerto seguro más cercano.
Los rescatados en el Mediterráneo que salen desde Libia o Túnez son llevados a Europa porque Naciones Unidas no considera que esos dos países norafricanos sean seguros para migrantes y solicitantes de asilo.
Las ONGs aprovechan esa ley para rescatar cada año a miles de personas.
La Comisión Europea, que lleva años buscando cómo frenar la llegada de inmigrantes o solicitantes de asilo, que paga a gobiernos de tránsito para que paren a esas personas durante su ruta y que mira para otro lado cuando la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados publica informes de las violencias, asesinatos, violaciones o ventas de inmigrantes como esclavos en Libia, siempre se sintió incómoda con esos rescates y buscó evitarlos.
Nunca lo consiguió. Cuando esas personas ya están en los buques de las ONGs, a la Comisión Europea no le queda otro remedio que pedir, aún con la boca pequeña, que los gobiernos vecinos abran sus puertos. El último conejo que el Ejecutivo europeo se sacó de la chistera involucra incluso a Naciones Unidas.
Nuevas reglas, a medida
La Comisión Europea cree que se necesitan nuevas reglas internacionales para que las ONGs tengan un marco delimitado en el que trabajar. La comisaria europea de Interior, la sueca Ylva Johansson, dijo el lunes que la Comisión no tiene ninguna propuesta al respecto, pero el mismo día hizo público un documento con una larga lista de propuestas.
Johansson sostiene que la Unión Europea debe sentarse a hablar con la Organización Marítima Internacional, la agencia de Naciones Unidas que regula las actividades en alta mar. ¿Para qué? Según ese documento, para tener una guía de actuación para los navíos de ONGs que rescatan náufragos en el mar.
La propuesta va sobre todo a acabar con parte de la bronca que se genera cada vez que un barco con migrantes pide desembarcar en Italia o Malta.
Si durante el mandato de Mario Draghi seguían llegando sin más problemas, con la nueva jefa de Gobierno, Giorgia Meloni, volvieron las discusiones.
En lo que va de año 90.000 personas atravesaron el Mediterráneo, un aumento del 50% respecto a 2021. Sólo el 15% llegan en buques de ONGs. La mayoría son rescatados por los guardacostas italianos, que pese a la retórica de su Gobierno siguen salvando vidas en el mar.
¿Debe la ley cambiar para que los rescatados sean desembarcados en el puerto más cercano sin tener en cuenta si es un puerto seguro? Johansson no lo dijo. Pero sí dijo que hay que hablar con la Organización Marítima Internacional porque, argumenta, “la situación hoy en día con los buques privados (de las ONGs) operando en el mar es un escenario que falta de suficiente claridad”.
La ley es clara: cualquier buque civil tiene derecho a desembarcar en el puerto seguro más cercano a las personas que rescata en el mar. Es tan simple que difícilmente se puede torcer. Por eso la Justicia italiana (los casos llegaron incluso al Tribunal Supremo) siempre dio la razón a esos buques cuando el ministro Matteo Salvini intentó bloquearlos.
La Convención Internacional de Búsqueda y Rescate Marítimo (1979) dice que es puerto seguro aquel en el que la vida de la persona rescatada no esté en peligro y donde pueda obtener ayuda básica como comida, agua o cobijo. Italia, Malta, España, Francia, Grecia, cumplen esas condiciones. Libia no.
Fuente: clarin.com